Reforma financiera

El Congreso se dispone a debatir los últimos detalles del proyecto de reforma de la Ley de Entidades Financieras, sancionada durante la última dictadura militar en 1977, con el objetivo de “regionalización y universalización” de los servicios financieros.
La idea oficial es que el proyecto sea tratado antes del 10 de diciembre, ya que ese día asumirá la nueva conformación parlamentaria, que es opositora.

Esta idea es que las entidades bancarias dejen de ser el principal sujeto de derechos para priorizar a individuos y PYMES vinculadas a la producción y a la creación de puestos de trabajo. Las PYMES reclaman, desde siempre, el escaso acceso al crédito que sufren a pesar de ser las generadoras del 90% del empleo privado en la Argentina.

De acuerdo a los argumentos del proyecto oficial, se terminará el “predominio de la inversión especulativa” sobre la inversión productiva, de cara a generar el despegue de la economía tras la crisis.

Se trata de convertir al sistema bancario en una institución para la promoción del desarrollo, en forma coordinada con el Banco Central, que sería el encargado de dar redescuentos a los bancos para que le otorguen más créditos a las PYMES, fijando además el plazo y las tasas de interés. Como el objetivo oficial es potenciar la producción de manufacturas, la reforma financiera redireccionará el crédito. Se establecerán límites al porcentaje de la cartera de crédito de las entidades que pueden ser destinadas a consumo y financiamiento del Estado. De esa forma, se incentivará el crecimiento del financiamiento a PYMES, principalmente de capitales nacionales que buscan ampliar su producción mirando de reojo a los mercados externos, potenciales importadores. Otra idea que contempla este proyecto es la de imponer topes a los costos de financiamiento que pueden cobrar los bancos, aumentando así la regulación estatal sobre el sistema crediticio privado.

Pero, además esta reforma propone métodos controvertidos:
Primeramente, postula exigencias de tasas máximas para préstamos a PYMES y en líneas de consumo inferiores a cien mil pesos, lo que trae aparejado una reducción de la oferta de créditos. Accesoriamente, al excluir la posibilidad de ponderar el riesgo en el precio, o sea, a mayor riesgo, mayor tasa de interés y que no se trata de un segmento homogéneo, el resultado probable es una fragmentación de mercado.
Otro tema a tener en cuenta, es la obligación de asignar una porción importante de la cartera de los bancos (38%) al segmento PYME, esto puede causar recortes de financiamiento al consumo y a las grandes empresas. Asimismo podría redireccionar el crédito hacia el sector público, para aumentar el peso relativo de la cartera PYME sin agrandar el volumen de financiamiento hacia el sector privado. Concluyendo, desde el punto de vista monetario, propone modificar la actual carta orgánica del BCRA para autorizar una operación que hoy esta expresamente prohibida: “Otorgar garantías especiales, directas o indirectas, implícitas o explicitas, para cubrir obligaciones de las entidades financieras originadas en la captación de depósitos.

Finalmente, deben tenerse en cuenta que cuando se trata de regulaciones de índole microeconómica, estas pueden provocar resultados contrarios a los enunciados.

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